En este sentido, Jueces para la Democracia expresa su "opinión contraria" a la utilización del proceso penal "para conseguir sentar en el banquillo al único juez de este país que, a instancias de familiares de desaparecidos durante la represión franquista, ha tratado de articular una respuesta procesal penal adecuada a las demandas".
La asociación recuerda que en el seno de la propia sala de lo penal de la Audiencia que le declaró no competente hubo "discrepancias" al respecto, por lo que concluye que la actuación del juez es "jurídicamente discutible y, por lo tanto, no opuesta frontalmente a la legalidad". Añade, además, que la investigación llevada a cabo por Garzón no perjudicó a nadie, ya que "no existe ninguna persona o grupo que haya visto limitados sus derechos por la instrucción", y considera que no puede llamarse "prevaricadora" a una actuación que, "acertada o equivocadamente desde una perspectiva jurídica", trata de dar respuesta a las demandas de las víctimas. (EFE)