(artículo que publico hoy en el diario El País)
Durante los larguísimos años de la
violencia etarra y la kale borroka, oímos miles de veces cómo representantes de
las instituciones del Estado y de los partidos políticos citaban como ejemplo
al independentismo catalán. Era, decían, la vía a seguir para defender, de
forma pacífica y no violenta, cualquier idea, por descabellada que pudiera
parecer. Y eran, claro, los tiempos en los que nadie creía cabalmente que en
Catalunya los defensores de la independencia pudieran llegar ni remotamente a rozar
la mayoría algún día.
Los tiempos cambian, las estrategias
de los violentos a veces también, pero hay formas de entender el ejercicio del
poder que están incrustadas en el ADN del Estado y que difícilmente
evolucionan. El problema político fundamental en España, desde el punto de
vista institucional, es que no ha superado la concepción centralista,
unitarista y homogeneizadora que ha dominado su historia. Las dos Repúblicas
fueron intentos fallidos, por razones muy distintas, de cambiar el statu quo. Y en algún momento pareció
que el estado de las autonomías había acabado con esa visión, pero a la vista
del apoyo al proceso recentralizador del PP hoy vemos que el Título VIII de la
Constitución, para la mayoría de españoles, fue un peaje obligado en aras del
consenso de la transición. En realidad, nunca ha sido digerido realmente por
las castas políticas, económicas y funcionariales residenciadas en el Madrid
que manda y ha mandado siempre en España. Las castas han dominado la capital,
que es lo mismo que decir que han dominado España: las mismas familias de
militares, el mismo alto funcionariado, las mismas familias políticas, la
nobleza latifundista. No ha habido revolución burguesa, ni de otro tipo. El
despotismo del Madrid poderoso no ha ido sólo contra Cataluña o el País Vasco;
ha sido general y contra todos los territorios. Primero se expoliaron las
colonias y, una vez perdidas estas, la voracidad sin límite y la incapacidad
del poder central para crear riqueza por sí mismo y organizar un estado moderno,
llevó a la vampirización del país en general. Las regiones rurales menos
desarrolladas simplemente fueron usadas como fincas privadas para el recreo y
la caza. Y a las regiones más activas se las dejó crecer y desarrollarse a su
gusto, siempre que no cuestionasen el sistema político e impositivo imperante
ni, menos todavía, el predominio del poder central. Así ha sido hasta hoy;
aunque es justo reconocer que este reparto del poder no siempre le ha ido mal a
las burguesías locales. Mientras la mayoría de catalanes y vascos aceptó ese
sistema todo funcionó más o menos bien. Pero nunca ha habido un reconocimiento
explícito del carácter plurinacional o plurilingüe del Estado. Las
características propias de la nacionalidad
eran aceptadas sólo dentro del reducto geográfico correspondiente.
Cuando los nacionalistas volvieron
al gobierno de España, los equilibrios empezaron a resquebrajarse. En su afán
por recuperar parcelas de poder presuntamente perdidas, Aznar, Rajoy y el PP
han hecho todo cuanto han podido por dinamitar incluso los frágiles equilibrios
en los que se sostenía el régimen. Ese espíritu de reconquista, primero en el
plano del rearme estrictamente ideológico y más adelante también en el terreno
legal y fáctico, coincide plenamente con un hundimiento profundísimo del
sistema político español. La crisis económica y la estafa financiera lo han
hecho aún más evidente, pero el verdadero fracaso de la España de la transición
ha sido, sobre todo, el fracaso moral de sus clases dirigentes. En las actuales
circunstancias, al Estado ya sólo le queda la vía de la violencia y de las
amenazas para mantener el poder sin que los de siempre pierdan sus privilegios.
Violencia son los desahucios masivos y la negativa a aprobar la dación en pago,
violencia han sido las ventas de preferentes a los pequeños ahorradores,
violencia es desmantelar servicios públicos porque no hay dinero cuando sí lo
ha habido para salvar a los bancos, violencia es que bajen los salarios también
en las empresas con beneficios, violencia es que Hacienda sea fuerte en las
multas a los asalariados y débil en la persecución del fraude… Y amenaza es que
todos los argumentos que se hayan dado para convencer de su supuesto error a
los independentistas sean de carácter coercitivo; ni un solo motivo basado en
la ilusión ni la esperanza, ni la remota posibilidad de trabajar en un proyecto
colectivo …. Según esa triste visión, la pertenencia a España resultaría una
broma del destino o un castigo de los dioses, y España misma una especie de
prisión de la que sería imposible escapar, ni ahora ni nunca, por los siglos de
los siglos, sin riesgo para la propia vida. Ni capacidad de seducción ni argumentos
convincentes de que merezca la pena pertenecer a esta cosa compleja que llaman
España. Solo faltaba criminalizar al movimiento independentista. Y parece que
en esas andamos.
