La política de cooperación internacional al desarrollo de los distintos gobiernos de CiU ha sido dispersa, errática y, sobre todo, cicatera. A pesar de los intentos de las ONG y de la oposición por mejorar la cantidad y la calidad de esa ayuda, Catalunya continúa estando todavía hoy en la cola de las comunidades autónomas. La ayuda de la Generalitat no llega al 0,2% del presupuesto. Es verdad que en esta legislatura el Parlament ha sentado las bases para mejorar la situación en este terreno. Hemos aprobado una Ley de Cooperación al Desarrollo y un Plan Director que, aun siendo mejorables, serán herramientas útiles para aumentar la cantidad y la calidad de la ayuda y para concentrar el esfuerzo, hasta ahora más que moderado, de la Generalitat en esta materia. También en la política de cooperación internacional se cierra pues un ciclo. Tras veinte años de andar distribuyendo pequeñas subvenciones entre las ONG, sin otro criterio que contentar a todas, en los dos últimos ejercicios se habían aumentado los recursos hasta llegar a los casi 25 millones de euros en este 2003. Una cifra superior a las de los años anteriores, pero que está muy lejos de dar cumplimiento a la ley de cooperación, cuando afirma que “la Generalitat ha de aumentar gradualmente las aportaciones destinadas a cooperación al desarrollo y solidaridad internacional hasta llegar al 0,7% de sus ingresos corrientes incondicionados, en los presupuestos para el año 2010, como máximo”. El govern ha hecho dos trampas en un sólo año. Primero, cuando el Plan Director hace una previsión presupuestaria que nos aleja, en lugar de aproximarnos, a ese famoso 0,7% para el 2010. Y en segundo lugar, y mucho más grave por la burla que representa, cuando en la liquidación del presupuesto del año 2002 que ha presentado al Parlament, se constata que de los 11.419.230 euros presupuestados en la partida “Ajuts al Tercer Món” sólo se gastaron realmente 9.845.100. De modo que, por un lado los presupuestos incumplen los compromisos y por el otro, ni siquiera esos presupuestos insuficientes se acaban gastando realmente. Según las cuentas de CiU, el 0,7% de los ingresos incondicionados vendría a significar unos 8.000 millones de las antiguas pesetas, cuando en realidad ascienden ya este año a 89 millones de euros (más de 14.000 millones de pesetas). Y es una lástima que pretendan amañar las cuentas, porque es evidente que no será lo mismo que Catalunya destine en el año 2010 a cooperación internacional 48 millones u 89, que es casi el doble. Pero los errores no afectan sólo a la cantidad, hay también una cuestión de calidad: el último informe de Intermón Oxfam sobre “La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 2001-2002”, pone de manifiesto que “es preocupante que el aumento de la AOD en algunos departamentos de la Generalitat –y con partidas muy importantes- no responda a un crecimiento real de los presupuestos, sino a la inclusión de partidas ya existentes, pero no consideradas hasta ahora como AOD, o que no forman parte de la ayuda al desarrollo, según los criterios de los países de la OCDE”. Y aún otra cuestión no desdeñable: la falta de voluntad política para revisar a fondo y evaluar sin miedo el efecto de las ayudas en los países donde actuamos. ¿Contribuyen o no realmente nuestras ayudas al desarrollo a mejorar las condiciones de vida de los pueblos y de las comunidades a quienes ayudamos? Es cierto que hoy a lo mejor ya no sería posible, por ejemplo, que se gastase el equivalente de mil millones de pesetas en la reconstrucción de un hotel en Albania para acoger a refugiados kosovares y que al final, además de no haber acogido jamás ni a un solo kosovar, el hotel haya caido en manos de un grupo mafioso albanés, sin que nadie haya podido hacer nada por evitarlo. Digo que hoy, probablemente, eso ya no ocurriría, pero no he leido ni oido nunca ningún reconocimiento de los fracasos de la política de cooperación de la Generalitat, cuando los ha habido. Ni sistemas de evaluación serios y contrastados para identificar los errores y tratar de evitarlos en el futuro. El informe de Intermón Oxfam certifica que la ayuda oficial al desarrollo de la Generalitat “ha sido dispersa y ha respondido más a oportunidades de acción de los departamentos que a demandas expresas de los países del Sur, dirigidas a países de renta mediana y con poca incidencia sobre los sectores más empobrecidos, como en los casos de importantes partidas de educación y sanidad en que se prima la educación universitaria y la sanidad quirúrgica, o muy especializada, por encima de la salud básica”. También otro informe reciente de Médicos sin Fronteras, Medicus Mundi, Médicos del Mundo y Prosalus constata que Catalunya es una de las comunidades autónomas que menos destina por habitante a ayuda humanitaria (apenas 3,67 euros al año), y critica que el 30% de la ayuda humanitaria corresponda a créditos que deben pagarse con la compra de servicios o equipamientos a empresas españolas, lo que crea “dependencia en los países receptores de ayuda”. Se cierra, pues, un ciclo en las políticas de cooperación al desarrollo y solidaridad internacional. El próximo gobierno de Catalunya debe destinar a esta materia, como mínimo, lo que establece la ley de cooperación, aprobada por unanimidad en el Parlament; sin trampas. Debe impulsar una mayor coordinación entre los distintos departamentos; fomentar la colaboración de distintas ONG en programas de desarrollo, concentrando la ayuda en determinadas zonas del planeta para evitar la dispersión actual; debe dar prioridad a los proyectos educativos y sanitarios, a la creación de infraestructuras que faciliten el acceso al agua, así como de creación de economía local productiva, fomentar el acceso de las mujeres al mercado laboral... y, por encima de todo, el próximo gobierno tendrá que ser transparente en la concesión de las ayudas. Además de todo esto, el programa del PSC i Ciutadans pel Canvi incluye también, explícitamente, que como paso previo a destinar el 0,7% de los ingresos incondicionados en el año 2010, ya en el 2007 Catalunya destine el 0,7% de los tributos propios a cooperación y solidaridad internacional, lo que hoy equivaldría a destinar 74 millones de euros (12.300 millones de pesetas).
Publicat el 12/11/03
